¿Cómo es el proceso legal de reorganización de una pyme?

Abril 22, 2019

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Desde 2014 existe una ley que permite salvar emprendimientos que tienen posibilidades de mantenerse en el tiempo o, en el peor de los casos, liquidar los bienes de los que no tienen otra opción.

¿Cómo ser pyme y salir de una situación de endeudamiento difícil? Esta situación afecta a miles de emprendedores en el país, pero poco se sabe sobre las opciones legales que existen para evitar este tipo de problemas.

En 2014 comenzó a regir la Ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas, que entrega mejores herramientas para enfrentar una crisis financiera y/o salir de una situación de endeudamiento complejo, con foco en que todos puedan reemprender

Existen diferentes tratamientos para personas y empresas. En el caso de las últimas, la ley permite apoyar la continuación de emprendimientos que tienen posibilidades de mantenerse en el tiempo. En el caso de las empresas que no tienen una buena proyección, estipula cómo realizar la liquidación de los bienes, para que el dueño pueda reemprender.

El primer caso es el más alentador. Porque a través de un procedimiento judicial se reorganizan las deudas y los bienes (tangibles e intangibles) de una empresa con una situación financiera compleja, de alto endeudamiento. Para ello, se establecen una serie de etapas, que se inicia con la presentación de la solicitud del proceso de reorganización ante un tribunal competente, el que solicitará la nominación de un veedor ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que deberá emitir un certificado que devolverá al tribunal, el cual dictará una resolución.

El documento entregará, entre otras cosas, la protección financiera concursal para la empresa deudora por un plazo de 30 días y fijará la fecha y hora en que se efectuará la junta de acreedores llamada a conocer la propuesta de acuerdo de reorganización.

De esta manera, la protección financiera concursal para la empresa deudora significa, entre otras cosas, que durante ese período no podrá declararse ni iniciarse un procedimiento concursal de liquidación contra la empresa deudora ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arriendo. Asimismo, todos los contratos suscritos por la firma mantendrán su vigencia y condiciones de pago y no podrá vender o gravar sus activos.