¿Cómo funciona la Ley de Pago Oportuno con el sector público?

Junio 14, 2019

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La nueva norma establece sanciones administrativas en caso de incumplimiento que podrían derivar en eventuales sumarios, e incluso podrían ser aplicados desde la Contraloría.

Que el Estado es un mal pagador es la crítica transversal que tanto pymes como grandes empresas históricamente realizan. Pero al menos en el papel esta situación debería cambiar con la reciente entrada en vigor de la Ley de Pago Oportuno.

¿Cómo funciona la nueva norma en el caso del Estado?

La nueva regulación determina que el sector público no podrá exceder sus pagos más allá 60 días corridos, para acortarse a 30 desde enero próximo (2020), cuando se cumple un año de la publicación de le Ley en el Diario Oficial. No así para el sector público de salud y las municipalidades, que deberán comenzar a pagar en 30 días en junio de 2021. 

No obstante, existe otra excepción para licitaciones de mayor envergadura, en que la Ley permite al Estado el derecho a convenir con el proveedor condiciones especiales respecto al producto o servicio a contratar, lo que también incluye el eventual plan de pago.

Así, para licitaciones públicas o privadas que realice el Estado, las condiciones de pago deberán ser informado a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, dependiente de Chile Compra.

¿Pero qué pasa en caso de incumplimiento por parte del Estado? Ante un escenario de este tipo, la Ley aplica responsabilidades administrativas para los funcionarios públicos por parte del organismo competente, lo que puede derivar en un sumario. Esta función también puede ser ejecutada por la Contraloría General de la República.